Tegucigalpa, Honduras (22.09.2025). – El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), presentó un requerimiento fiscal contra una red de funcionarios, exfuncionarios y particulares acusados de desfalcar más de 45.5 millones de lempiras a la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula mediante contratos fraudulentos, lavado de activos y tráfico de influencias entre julio de 2023 y abril de 2024.
Las investigaciones revelan que los implicados suscribieron 33 contratos irregulares con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L. para proyectos de mejoramiento vial que, en su mayoría, nunca se ejecutaron o carecen de evidencia de avance.
La estrategia consistió en fraccionar los contratos para eludir los procesos de licitación, adjudicando 26 de manera directa y 7 en licitación privada, sin cumplir requisitos como garantías de anticipo, informes de avance ni ubicación exacta de las obras.
Entre los acusados figuran Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega, representante de HERCOD, así como Steven Adolfo Fajardo Vargas —yerno del actual alcalde Roberto Contreras—, Josué David Fajardo Hernández y varios empresarios señalados como colaboradores en la red.
También se incluyen ex y actuales funcionarios municipales, entre ellos Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica, Marlen Mena Gómez, Xavier Lacayo Delgadillo, Luis Enrique Saa y Walter Cartagena Villagra, por delitos de fraude, violación de deberes, tráfico de influencias y lavado de activos.
El MP detalla que, tras los pagos de la alcaldía, los fondos eran transferidos de las cuentas de HERCOD a otras controladas por Hernández Portillo y Ávila Ortega, quienes realizaron múltiples movimientos para ocultar el origen ilícito del dinero.
Parte de los recursos, superiores a 5.9 millones de lempiras, fue entregada en efectivo a través de terceros a Fajardo Vargas, fortaleciendo el esquema de lavado.
La Fiscalía sostiene que este caso representa una de las operaciones de corrupción municipal más graves de los últimos años, al evidenciar una estructura coordinada para desviar fondos públicos, simular procesos de contratación y blanquear dinero en perjuicio de la ciudad.
Las autoridades confirmaron que las investigaciones continúan para establecer nuevas responsabilidades y asegurar la recuperación de los recursos defraudados.
