Tegucigalpa, Honduras (07.07.2025). – La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT) realizó una capacitación dirigida a jueces del Poder Judicial de Honduras.
El objetivo fue el abordaje el marco legal nacional aplicable al resarcimiento y la reparación digna en base a la Ley contra la Trata de Personas.
La capacitación estuvo a cargo de la Secretaria Ejecutiva de la CICESCT, licenciada Sua Martínez, quien socializó con los jueces penales la normativa y aspectos clave del tema, considerando que aún existe un limitado conocimiento sobre la existencia y aplicación de la Ley contra la Trata de Personas en Honduras. El objetivo es avanzar hacia una efectiva reparación del daño causado a las víctimas sobrevivientes de estos delitos.
“La trata de personas, hoy en día, se denomina la esclavitud del siglo XXI y es el tercer delito más lucrativo del mundo. Se lucra de la dignidad de un niño, una niña, un adolescente o un adulto para obtener fondos. Es por ello que, como ente rector del Estado encargado de la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual comercial, solicitamos su apoyo […] en la reparación del daño a las víctimas sobrevivientes, considerando que nuestro objetivo principal debe ser el respeto de los derechos de quienes sufren vulneraciones”, expresó la licenciada Sua Martínez.
Durante el conversatorio final, los jueces se comprometieron a trabajar en beneficio de las víctimas, impulsando mecanismos de reparación del daño, que consisten en una compensación otorgada por los tratantes a las personas afectadas, en reconocimiento de los daños ocasionados. Desde la CICESCT, somos conscientes de que ninguna compensación económica podrá restituir por completo el daño sufrido por una persona sobreviviente.
Esta acción está fundamentada en la Ley contra la Trata de Personas, específicamente en el concepto de resarcimiento, establecido en el artículo 42 de dicha ley, que señala: “En los casos de sentencia firme, las personas condenadas deben resarcir a las víctimas, sus familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos”.
