En conferencia de prensa, el miembro de la comisión interventora, Francisco Bocanegra, aseguró que las gestiones anteriores crearon la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) como una estructura paralela para evadir la Ley de Contratación del Estado y manejar los fondos del IP a discreción.
“Sabían que estaban actuando al margen de la ley, por eso crearon la UCP: para evitar procesos de contratación transparentes, no pagar formularios, y disponer del dinero público como si fuese una chequera privada”, denunció Bocanegra.
Lamentó que los recursos destinados a garantizar el derecho a la propiedad fueran utilizados para acciones ajenas al mandato institucional, como la inauguración de calles, entrega de estufas, casas abandonadas, chimbos de gas y proyectos habitacionales sin sustento.
El funcionario también expuso que con los fondos mal utilizados se pudo haber adquirido hasta diez veces las placas vehiculares necesarias, mientras el presupuesto anual del IP, de 1,250 millones de lempiras, se consume principalmente en sueldos y salarios.
Bocanegra reveló que el Ministerio Público tiene abiertas más de 20 líneas de investigación sobre el IP, que incluyen casos de falsificación de boletas de revisión, uso de documentos falsos y colusión con notarios públicos.
Además, calificó como “casas chatarra” el proyecto Residencial Morazán, plagado de irregularidades desde su origen, y cuya situación ha generado protestas por parte de los propietarios que ya habían sido adjudicados.
Finalmente, reconoció que la ejecución presupuestaria del IP este año apenas alcanza el 37 %, reflejando la magnitud de los retos institucionales actuales.