Tegucigalpa, Honduras (24.06.2025).- El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, aseguró que el Fondo Social asignado para proyectos comunitarios es manejado con total transparencia y dentro del marco legal establecido en el Presupuesto General de la República.
Ante esto el congresista explicó que es importante aclarar que los fondos canalizados desde el Poder Legislativo hacia proyectos sociales en las comunidades estén contemplados legalmente, para ello, el artículo 349 del decreto de aprobación del presupuesto establece expresamente el funcionamiento del Fondo Social y los mecanismos de su aplicación.
Pino detalló que, además de la disposición legal, existe un reglamento específico que regula el uso del Fondo Social, el cual señala que los recursos se destinan a responder solicitudes directas de patronatos, alcaldías, juntas de agua y otras organizaciones comunitarias.
Entre los proyectos financiados se incluyen pequeñas obras de infraestructura, como pavimentaciones en barrios y colonias, becas educativas solicitadas por centros escolares, electrificación básica y mejoras en espacios públicos.
«Todo está claramente regulado. El procedimiento es transparente, los recursos se utilizan conforme a la ley y no hay nada oculto en su aplicación», detalló.
Fondo distinto al departamental
Asimismo, recordó que el Fondo Social vigente asciende a 950 millones de lempiras y se aprobó para el período 2023–2025. Además, recalcó que este fondo es completamente distinto al extinto Fondo Departamental que se manejaba en el pasado tanto desde el Congreso como desde la Presidencia de la República.
«A diferencia de lo que ocurría antes, en este nuevo modelo ningún diputado recibe directamente los fondos, ni se le depositan en cuentas personales. Tampoco les corresponde a ellos realizar las liquidaciones», enfatizó.
Pino puso de ejemplo que cuando una comunidad solicita construir un techo para una cancha, el diputado acompaña la gestión ante instituciones como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Gobernación, entre otras, dependiendo del caso.
Añadió que, las instituciones responsables verifican requisitos, aprueban técnicamente los proyectos y ejecutan los fondos asignados, siempre bajo la supervisión del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
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