Tegucigalpa, Honduras (29.07.2025).- El titular de la Secretaría de Seguridad, Héctor Gustavo Sánchez, confirmó la captura de tres exfuncionarios y un actual diputado del Partido Nacional, por defraudar al Estado hondureño con 3,000 millones de lempiras a través de demandas ilegales.
Sánchez, manifestó en su cuenta de X: «Con la Policía Nacional de Honduras y sus Direcciones especializadas, atendiendo orden emanada de tribunal competente y en colaboración con el Ministerio Público, se capturó ya a las siguientes personas:
1. Juan Fernando Madrid Lezama,
2. Caronte Rojas Zavala,
3. Raymundo Esaú Gradiz Vilorio,
4. Nelson Javier Márquez Euceda».
Cabe mencionar, que este último mencionado por el funcionario policial, es actual diputado por el Partido Nacional.
Horas antes, el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) con el apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó los requerimientos fiscales contra una red conformada por exfuncionarios públicos, abogados y jueces que, según las investigaciones se coludieron para saquear al pueblo hondureño por más de tres mil millones de lempiras (L3,084,223,255.38).
Estos, durante más de dos décadas orquestaron un fraude, utilizando como base un contrato irregular y un laudo arbitral sin valor legal.
Sobre los acusados
Se acusa a Lidia Estela Cardona Padilla, exprocuradora General de la República; Nelson Javier Márquez Euceda, ex secretario de SEDECOAS y actual diputado del Congreso Nacional; Martha Vicenta Doblado Andara, ex coordinadora General de Gobierno; Eva Maria Vásquez Villanueva, exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS; Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA): Caronte Rojas Zavala, quien integró el Tribunal Arbitral en representación del Colegio de Abogados; y Murray Paul Farmer, representante legal de la empresa DRC Inc., por suponerlos responsables del delito de fraude.
También se acusa a los jueces Irissabel Lucia Miranda Hernández y Raymundo Esau Gradiz Vilorio por prevaricato judicial; a Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la PGR, por uso de documento falso y a Rafael Eduardo Chávez Aguilar, en su condición de receptor del Poder Judicial, por falsificación de documentos.
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