Tegucigalpa, Honduras (24.08.2025). – La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), logró auto de formal procesamiento con prisión preventiva para la gerente de la empresa Plasticards 5. A., Liana Maria Mayorga Castillo, acusada junto a Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), de defraudar al Estado por 18 millones 547 mil 200 mediante el suministro de tarjetas PVC para la emisión de licencias de conducir.
El auto de formal procesamiento contra Mayorga Castillo es por los delitos de fraude y lavado de activos.
De acuerdo al requerimiento fiscal, la Secretaría de Seguridad, en diciembre de 2021, adjudicó irregularmente la compra de 480 mil tarjetas a Plasticards S.A., empresa que había sido constituida dos meses antes de ser beneficiada con el contrato. Oficialmente se reportó el ingreso de las 480 mil tarjetas, pero solo 258 mil llegaron al país.
Es preciso señalar que 22 de enero de 2022, cinco días antes de que el nuevo gobierno asumiera la administración pública, la Secretaria de Seguridad realizó un pago de L 18.5 millones a Plasticards. Tres días después, su gerente Liana Maria Mayorga, habría transferido unos L 17 millones a la empresa Inversiones MyM S. de R.L, propiedad de Juan Ramón Molina, quien tenía prohibido contratar con el Estado por su cargo de coordinador de la Tasa de Seguridad.
También se comprobó que, aunque la adjudicación del contrato correspondió oficialmente a Grupo Plasticards, las tarjetas fueron suministradas por la empresa Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en Estados Unidos y traídas al país por la empresa Inversiones MyM S. de R.L., de las cuales Juan Ramón Molina es socio propietario.
Los imputados utilizaron fachadas de empresas internacionales y los sistemas financieros de EE. UU. y Francia para triangular y lavar estos millonarios fondos provenientes de la Tasa de Seguridad.
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