Tegucigalpa, Honduras (28.07.2025). – La titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Rosa Mariana Ríos Munguía, informó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entidad que establece estándares internacionales en materia fiscal y económica, publicó el pasado 18 de julio un informe en el que evalúa, por primera vez, la capacidad de Honduras para acceder y compartir información tributaria conforme con los más altos estándares internacionales.
Esta evaluación se enmarca en el proceso de adhesión al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios, del cual el país es miembro desde 2019. En esta etapa, se llevó a cabo un análisis detallado del marco jurídico nacional, lo que dio lugar a una serie de recomendaciones que se orientan a los siguientes puntos:
- Garantizar la disponibilidad de información sobre el beneficiario final de las sociedades mercantiles, que incluye, entre otros, la eliminación de mecanismos de opacidad fiscal como las acciones al portador.
- Asegurar que la administración tributaria tenga un control, registro y actualización de la información sobre beneficiario final. Actualmente, la identificación de esta figura se encuentra limitada a la lucha contra el lavado de activos, sin embargo, también resulta fundamental para combatir la evasión fiscal.
- Garantizar el acceso a información bancaria, (en otras palabras, el secreto bancario), como paso fundamental para combatir la evasión fiscal y el lavado de activos. Si el país no habilita el acceso a datos bancarios, es posible que tampoco pueda recibir información financiera de otros países.
- Ratificar “lo antes posible” la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC, por sus siglas en inglés), instrumento que permitiría compartir datos fiscales con más de 149 países, ya que actualmente, Honduras solo tiene capacidad de acceso recíproco con cinco.
- Garantizar que el Estado tenga acceso y la custodia efectiva de la información contable, tributaria, accionaria y financiera de las personas jurídicas. Esto implica que las sociedades mercantiles estén debidamente registradas y mantengan su información actualizada en el Registro Mercantil, la Administración Tributaria y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Las consecuencias del incumplimiento de las recomendaciones pueden causar que Honduras sea incluido en la “lista negra” de países no cooperantes y la “lista gris” de países con riesgo de lavado de activos. Esta calificación no solo deterioraría la imagen internacional de Honduras, sino que también dificultaría el acceso a financiamiento, inversión extranjera y la cooperación técnica internacional.
El país se enfrenta hoy al reto de cumplir con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal y prevención del lavado de activos, ya que no solo estamos sujetos a evaluaciones de OCDE, sino también del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), quienes realizarán una evaluación el próximo agosto de 2026 y nuevamente se revisará el acceso a la información del beneficiario final y las acciones al portador.
Asimismo, en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno de Honduras se comprometió con ratificar la Convención MAAC y crear la normativa para identificación del beneficiario final.
Frente a este panorama, la actual administración reafirma su compromiso con la transparencia fiscal y la lucha frontal contra la corrupción. A través de iniciativas como la Ley de Justicia Tributaria y reformas legales alineadas con los estándares internacionales, se busca revertir las malas prácticas heredadas y evitar que Honduras sea catalogada como un paraíso fiscal.
Aprovechamos para señalar a los grupos económicos que mantienen una fuerte influencia en el Congreso Nacional y que están interesados en sostener un esquema de opacidad fiscal e inequidad tributaria, para que reflexionen y pueda ser aprobada la Ley de Justicia Tributaria, así como lo continúa exigiendo la presidenta Xiomara Castro en la lucha por un país más justo para todos y todas.
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