Tegucigalpa, Honduras (30.07.2025).- Ante un juez comparecieron este día el diputado Nelson Márquez y otros cinco implicados, acusados de participar en un esquema de corrupción que habría provocado un perjuicio de más de 3 mil millones de lempiras al Estado hondureño a través de demandas fraudulentas.
La audiencia de imputado marca el inicio formal de uno de los casos más sonados y sorpresivos en la esfera pública reciente, en el que se investiga el funcionamiento de una presunta red criminal con vínculos en diversas instituciones del Estado.
Durante la jornada también fue detenida Eva María Vásquez Villanueva, quien junto a Márquez, el juez Raymundo Gradiz Viloria y los abogados Juan Fernando Madrid Lezama y Caronte Rojas Zavala, se presentaron ante el tribunal.
Todos están señalados por el Ministerio Público (MP) de integrar una estructura que operó al interior de entidades públicas, desviando recursos destinados a proyectos sociales y de infraestructura durante la etapa de reconstrucción nacional posterior al Huracán Mitch en el año 2000.
Esquemas de corrupción más graves
El MP calificó el caso como uno de los esquemas de corrupción más graves de los últimos años y anunció que la investigación continúa, con más capturas en proceso.
Según la Fiscalía, el origen del caso se remonta a la gestión de Márquez como titular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), cuando se vinculó ilegalmente a la empresa extranjera DRC Inc., que subcontrató sin respaldo legal a la hondureña NAINSA.
Posteriormente, ambas empresas promovieron demandas fraudulentas contra el Estado, basándose en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía también vincula al caso a Martha Doblado, excoordinadora general del gobierno; al representante legal de DRC Inc., Murray Paul Palmer; al exfuncionario de la Procuraduría General de la República (PGR), Héctor Alvarado Mejía; y al receptor judicial Rafael Eduardo Chávez Aguilar.
En enero de 2020, Márquez habría emitido un informe legal desde Sedecoas recomendando firmar un acuerdo extrajudicial con NAINSA para evitar una “erogación mayor”, acción que resultó en pagos millonarios irregulares.
En 2022, el juez Gradiz Viloria también admitió otra demanda contra el Estado, ignorando la nulidad del laudo arbitral, según sostiene el MP.
