Tegucigalpa, Honduras (29.09.2025).- La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) obtuvo auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra 10 personas, por su participación en el desfalco de 45.5 millones de lempiras de la Alcaldía de San Pedro Sula (SPS).
Según las investigaciones realizadas por el ente acusador del Estado el fraude se realizó mediante 33 contratos fraudulentos suscritos con empresa Constructora HERCOD S. de R.L.
A los imputados se les acusa de distintos delitos, entre ellos: violación de los deberes de los funcionarios, fraude continuado, lavado de activos y tráfico de influencias.
El auto de formal procesamiento fue dictado contra: Luis Fernando Hernández Portillo y su esposa, Olga Estela Ávila Ortega (representante de la empresa HERCOD S. R.L.), y contra los representantes de las empresas que se coludieron para defraudar: Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcos Jonathan Morales Corea.
También para ex y actuales funcionarios de la Gerencia de Infraestructura: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez y Alejandra Eunice Amaya Barnica.
Además de Marlen Karina Mena Gómez (exgerente financiero), Xavier Lacayo Delgadillo (tesorero municipal) y Walter Manuel Cartagena Villagra (exdirector del Departamento de Vías). }
Las investigaciones, los empleados municipales y los representantes legales de las otras empresas planificaron adjudicar los 33 contratos a HERCOD, mientras que las demás sociedades únicamente participarían como «relleno», pues carecían de equipo técnico y del personal para ejecutar los proyectos, y en sus registros de ubicación tenían de casas particulares; algunas incluso figuraban con domicilios en negocios de venta de pollos o en edificios en construcción.
Entre la carga probatoria presentada en audiencia inicial, se destacó que la empresa HERCOD no contaba ni con la maquinaria ni con el personal para ejecutar los proyectos y en las planillas del IHSS solo estaba registrada una empleada, su representante legal.
Asimismo, en los contratos se consignó la reparación de un tramo carretero de 160 kilómetros, pero las investigaciones determinaron que en realidad debían repararse apenas alrededor de 35 kilómetros, que son los que conectan la zona de La Puerta con El Merendón, es decir, se adulteró la extensión del tramo para beneficiarse indebidamente.
Agregado a esto, según el testimonio del testigo protegido, desde las cuentas de HERCOD, se pagaba la mensualidad de un vehículo que, según se constató, lo usaba el imputado Steve Fajardo.
Los pagos a HERCOD fueron autorizados sin presentar informes de avance ni de finalización de obras, y tras recibir el pago de los 33 contratos, la representante legal, Olga Estela Ávila Ortega transfirió los fondos a cuentas bancarias que ella y su esposo, Luis Fernando Hernández Portillo, tenían firma autorizada.
Posteriormente, Hernández Portillo realizó transferencias por más de 5.9 millones de lempiras a Josué David Fajardo Hernández, quien, mediante terceras personas, entregaba el dinero en efectivo a su sobrino y también yerno del acalde municipal, Steve Adolfo Fajardo Vargas, ocultando el origen ilícito de los recursos.
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