Tegucigalpa, Honduras (06.08.2025).- El juez que conoce la causa dictó arresto domiciliario al diputado Nelson Márquez y a otros cuatro imputados, acusados por el Ministerio Público del delito de fraude en perjuicio del Estado hondureño.
La medida sustitutiva se hará efectiva a partir de esta noche bajo vigilancia policial.
Además de Márquez, la orden de arresto domiciliario abarca a Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymond Esaú Gradiz y Eva Vásquez. La audiencia inicial continuará el próximo martes 12 de agosto a las 9:00 de la mañana.
Investigación por millonario perjuicio al Estado
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los imputados habrían drenado de forma ilegal más de 3 mil millones de lempiras mediante demandas fraudulentas, todo en el contexto de un contrato adjudicado tras el huracán Mitch en el año 2000.
Según la Fiscalía, el Estado de Honduras, utilizando fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba habilitada para operar en el país.
Esta, a su vez, subcontrató de manera irregular a la empresa NAINSA.
En 2001, el cooperante internacional canceló la ayuda por irregularidades en el contrato. Años después, ambas compañías promovieron demandas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia, lo que, según el Ministerio Público, dio lugar a reclamaciones judiciales fraudulentas.
Uno de los puntos claves en la investigación es la participación del diputado Nelson Márquez, quien en 2020, como secretario de Estado en Sedecoas, recomendó firmar un acuerdo con NAINSA para evitar —según su informe— una “erogación mayor”.
Un mes después, Sedecoas firmó un convenio extrajudicial con la empresa, comprometiéndose a millonarios pagos fuera de los procesos judiciales establecidos.
La investigación también involucra decisiones judiciales supuestamente irregulares en 2022, cuando el juez Raymundo Gradiz Viloria admitió otra demanda millonaria a favor de las empresas implicadas, pese a que ya se conocía la nulidad del laudo arbitral.
Entre las evidencias presentadas por la Fiscalía figura la supuesta justificación médica falsa del entonces representante de la Procuraduría General de la República, Héctor Alvarado Mejía, quien no compareció a una audiencia clave.
Las autoridades continúan investigando el caso, que ocurre en un contexto de creciente tensión política previo a las elecciones generales del 30 de noviembre.
