Redacción Telesur (16.09.2025). – Una Comisión Internacional Independiente de Investigación, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha concluido que las autoridades israelíes han cometido actos constitutivos de genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza, donde la ocupación ha asesinado a cerca de 65.000 civiles desde el 7 de octubre de 2023. El informe fue presentado este martes 16 de septiembre en Ginebra por Navi Pillay, jurista sudafricana de reconocida trayectoria internacional y expresidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La investigación abarca el periodo iniciado el 7 de octubre de 2023, tras el la Operación Diluvio de Al-Aqsa de Hamás en territorios palestinos ocupados. Documenta que fuerzas estatales israelíes han incurrido en cuatro de los cinco actos definidos como genocidas por el derecho internacional: homicidio, lesiones graves físicas y psicológicas, imposición deliberada de condiciones de vida orientadas a destruir al grupo afectado, e impedimento de nacimientos dentro del mismo.
Entre los datos más significativos, el informe destaca el abrupto descenso en la esperanza de vida en Gaza: de 75.5 años antes del conflicto a 40.5 al año siguiente, y a 34.9 en la actualidad. Estas cifras no consideran aún el impacto acumulado de la malnutrición ni la interrupción generalizada del sistema de salud, por lo que el deterioro real podría ser aún mayor.
La investigación también documenta la destrucción de instalaciones médicas clave, incluyendo una clínica de fertilidad que albergaba 4.000 embriones y 1.000 muestras de material reproductivo, hecho que ha provocado daños psicológicos significativos entre quienes dependían de estos recursos para formar una familia.
El informe identifica como responsables a altos funcionarios del Gobierno israelí, incluyendo al presidente Isaac Herzog, al primer ministro Benjamín Netanyahu y al exministro de Defensa Yoav Gallant. Según la Comisión, estos líderes han promovido discursos y acciones que incitan directamente al genocidio. Se anunció que continúan las evaluaciones sobre otros dirigentes políticos y militares para determinar su grado de implicación.
En el documento, se exige al Gobierno israelí el cese inmediato de las acciones genocidas y el cumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia en enero de 2024, que incluyen la preservación de pruebas, la investigación de los crímenes y la apertura de corredores humanitarios.
“La política de bloqueo y privación debe terminar. La ayuda humanitaria debe llegar sin restricciones y de manera urgente”, declaró Navi Pillay durante la presentación del informe.
El texto también apunta a la responsabilidad de la comunidad internacional. La falta de una respuesta contundente ante las evidencias de genocidio podría interpretarse, según el documento, como una forma de complicidad. Se advierte que los Estados tienen la obligación de prevenir cualquier apoyo —directo o indirecto— al genocidio por parte de individuos o empresas dentro de su jurisdicción, y de aplicar sanciones en caso de incumplimiento.
La Comisión también concluye que el Estado de Israel no ha cumplido con su obligación legal de prevenir y sancionar el genocidio, al no investigar ni procesar a los presuntos responsables de estos actos.
