Tegucigalpa, Honduras (18.08.2025).- La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), presentó un requerimiento fiscal y aseguró bienes a Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en dicho el mismo, y a la gerente de empresa Plasticards S. A., Liana María Mayorga Castillo (capturada).
A ambos, se les acusa de ser responsables de defraudar por 18,547,200 millones de lempiras(L) al Estado mediante el suministro de tarjetas PVC para la emisión de licencias de conducir.
Los delitos imputados: abuso de autoridad, fraude y lavado de activos.
Según las investigaciones, la Secretaría de Seguridad, en diciembre de 2021, adjudicó irregularmente la compra de 480 mil tarjetas a Plasticards S.A., constituida apenas dos meses antes de beneficiarse con el contrato. Sin embargo, aunque oficialmente se reportó el ingreso de las 480 mil tarjetas, en realidad solo 258,000 llegaron al país.
El 22 de enero de 2022, apenas cinco días antes de que el nuevo gobierno asumiera la administración pública, la Secretaría de Seguridad realizó un pago de L18.5 millones a Plasticards. Tres días después, su gerente Liana Maria Mayorga Castillo, habría transferido unos L17 millones a la empresa Inversiones MyM S. de R.L., propiedad de Juan Ramón Molina, quien legalmente tenía prohibido contratar con el Estado por su cargo de coordinador de la Tasa de Seguridad.
Asimismo, se comprobó que, aunque la adjudicación del contrato correspondió oficialmente a Grupo Plasticards, las tarjetas fueron suministradas por la empresa extranjera Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en Estados Unidos e importadas por la empresa inversiones MyM S. de R.L., de las cuales Juan Ramón Molina es socio propietario.
Los imputados también utilizaron fachadas de empresas internacionales y los sistemas financieros de Estados Unidos y Francia para triangular y lavar estos millonarios fondos provenientes del presupuesto nacional.
Ante estos hechos, el MP aseguró 7 bienes inmuebles, 2 vehículos, 37 cuentas bancarias y 5 sociedades mercantiles vinculados a los imputados.
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