Tegucigalpa, Honduras (29.07.2025).- El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) y con apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó requerimiento fiscal contra una red conformada por exfuncionarios públicos, un actual diputado, abogados y jueces, señalados por coludirse para defraudar al Estado hondureño con más de L.3,084 millones mediante demandas ilegales.
Según las investigaciones, el grupo orquestó un esquema de fraude utilizando un contrato irregular y un laudo arbitral sin valor legal como base para sus acciones.
Entre los señalados figuran:
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Lidia Estela Cardona Padilla, exprocuradora General de la República
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Nelson Javier Márquez Euceda, exsecretario de SEDECOAS y actual diputado del Congreso Nacional
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Vicenta Doblado Andara, excoordinadora General de Gobierno
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Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS
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Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de NAINSA
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Caronte Rojas Zavala, del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados
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Murray Paul Farmer, representante legal de DRC Inc.
También fueron acusados los jueces:
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Irissabel Lucia Miranda Hernández y
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Raymundo Esau Gradiz Vilorio, por prevaricato judicial;
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Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la PGR, por uso de documento falso
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Rafael Eduardo Chávez Aguilar, receptor del Poder Judicial, por falsificación de documentos.
El origen del caso se remonta al año 2000, tras el paso del huracán Mitch, cuando la empresa estadounidense DRC Inc.fue contratada ilegalmente, a pesar de no contar con autorización para operar en Honduras.
En 2001, se canceló la ayuda por inconsistencias en el contrato, pero años después, DRC Inc. y NAINSA promovieron demandas basadas en un laudo arbitral nunca homologado por la Corte Suprema de Justicia.
El MP sostiene que ambas empresas actuaron de manera coordinada y simulada, sin vínculo legal con el Estado, con el único fin de defraudar al pueblo hondureño.
